Debido a las nuevas demandas sociales de los vecinos en relación a la seguridad, el empleo y la calidad de vida, es necesario que se concrete definitivamente la autonomía municipal.
Un municipio no es solo prestador de servicios, sino que es quien puede llegar donde otros no llegan y, por encontrarse más próximos a la ciudadanía, se transforman en los depositarios de las expectativas, las problemáticas y las necesidades de los ciudadanos.
Además, en muchos casos, es el impulsor del desarrollo económico y social de quienes habitan la jurisdicción. Por eso, en el marco de este nuevo enfoque, y desde finales de la década de los 80, les fueron otorgados a algunos municipios de la República Argentina herramientas jurídicas para poder sobrellevar esta responsabilidad en el progreso socio-cultural. Así, gran parte de las provincias argentinas, les reconoció a través de sus legislaturas, la autonomía municipal.
Pero este impulso quedó a mitad de camino en la legislación: existen todavía provincias que no sólo no reconocen a sus municipios esta autonomía, sino que ni siquiera les dan las herramientas para enfrentar esta realidad irrefutable. Entre ellas, se encuentra la provincia de Buenos Aires. Esta falta de reconocimiento, sumado a la necesaria asunción de obligaciones, pone en riesgo toda la estructura municipal, dado que las administraciones han asumido funciones que anteriormente eran responsabilidades de los gobiernos de nivel provincial y nacional. Esta dinámica política ha sido espasmódica, y sin un método sostenible porque las herramientas legales y financieras no acompañan las decisiones de facto de incorporar nuevos desafíos de gestión a los municipios.
El Partido de General Pueyrredon no es una excepción. A lo largo de su reciente historia, diferentes administraciones locales han ido incorporando la ejecución de diferentes servicios de carácter socialmente imprescindibles, como por ejemplo los referidos a la educación, la salud pública y, más recientemente, la seguridad.
En este sentido, es imprescindible dar respuesta clara desde la política al reclamo popular en relación a los altos índices de inseguridad que se viven en Mar del Plata y Batán. Pero no podemos pensar que la salida es cubrir desde el estado municipal la inoperancia e ineficacia de las autoridades provinciales, por más buena intención que esa decisión implique. En la situación actual de la administración, no es ni siquiera el comienzo de la solución definitiva.
Debemos presentar un debate serio en cuanto a la implementación de servicios de seguridad pública desde el Municipio, de donde deben surgir respuestas de cuáles y con qué recursos se deberán contar para que los reiterados anuncios no sean una nueva frustración de todos nuestros vecinos.
Y para esto, el punto esencial es la financiación de esos servicios, y cuáles son las transferencias efectivas que los estados provinciales deben realizar para que los municipios se hagan cargo de administrarlos.
Creemos firmemente en la tendencia a que los gobiernos locales asuman mayores responsabilidades por su grado de cercanía con los problemas de los vecinos, pero su transferencia al nivel municipal debe realizarle en un marco adecuado de recursos, tanto humanos, físicos y financieros, que permitan su sostenimiento en el tiempo con el más alto grado de calidad y eficiencia en su ejecución.
Por eso, el futuro es el tiempo de las ciudades: lo que viene es la adecuación de las condiciones jurídicas y políticas para delinear desde las ciudades un proyecto propio de desarrollo, y hacer frente a los nuevos desafíos que exigen los vecinos. Es necesario que las autoridades reclamen que se les otorgue su calidad de estado autónomo. Sólo de esta manera podrá cumplir su rol, ampliando la esfera de sus facultades y generándose sus recursos, sin depender de los vaivenes políticos, ni de otra autoridad distinta a la de la ley.
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